En el pronunciamiento se analiza “si los peticionarios cuentan con algún medio de control, bien
constitucional o legal, que proteja sus presuntos derechos vulnerados”, en
relación con la sentencia del 22 de marzo del 2012 emitida por el Consejo de
Estado y en la cual se declaró nula la expresión “no afectos a la prestación del servicio…” en el Decreto 4781 del
2005.
En la sentencia se dice que el Ejecutivo “introdujo una modificación que viola el
ordenamiento jurídico vigente…”; también se dice que “…el liquidador está obligado a realizar inventarios y avalúos…” ; pero
se aclara que el objeto de la liquidación es que -con los activos de la
entidad suprimida- “…se logren pagar las
reclamaciones que oportunamente se presentaron, se calificaron y se graduaron
de acuerdo con la prelación establecida en la ley, y por lo menos se pague el
pasivo cierto no reclamado”.
Aunque a los “acreedores-damnificados…
no se les reviven términos para presentar nuevamente reclamaciones...”, sí se
debe liquidar nuevamente para incluir los bienes no afectos a la prestación del
servicio público de telecomunicaciones y pagar las reclamaciones presentadas
oportunamente.
