sábado, 27 de junio de 2026

¿De una democracia bajo asedio a una resistencia social, laboral y cultural?

Se aceptan las cifras electorales, pero se denuncia la "presidencia imperial", intervenciones extranjeras, compra de votos, uso de inteligencia artificial, fallas del software electoral, trampas en los registros de votos (E-14). 


Aunque el resultado numérico le otorga el manejo de la Casa de Nariño a la ultraderecha, el poder ético de un país fracturado por la mitad sigue estando en manos de quienes defendemos los derechos ciudadanos. 

Los compañeros extrabajadores de TELECOM sabemos, por experiencia, que los gobiernos pasan, pero la memoria social y la organización ciudadana permanecen en pie de lucha. 

Después de que el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida desistieran de más de 52.000 reclamaciones por fallas en mesas electorales en todo el país y el exterior, el Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó el resultado del escrutinio de la segunda vuelta presidencial del pasado 21 de junio: De un total de 26.095.504 votos, Abelardo de la Espriella contabilizó 12.960.166 votos (49.2% aproximadamente), frente a 12.708.312 votos (48.7% aproximadamente) obtenidos por Iván Cepeda. Aunque la diferencia es de aproximadamente 250,000 votos, el país está claramente divido en dos mitades iguales. Valga la pena recordar que ocurrió algo semejante en el plebiscito por la paz del año 2016.  

Las elecciones de 2026 no se definieron únicamente en las plazas públicas de nuestros municipios; sino que estuvieron profundamente atravesadas por hilos de intervención extranjera, redes financieras transnacionales y planes mediáticos, que hoy estamos obligados a examinar. 

¿Sombra de Intervención Extranjera? 

El elemento más crítico de esta contienda fue la abierta intromisión de Donald Trump y un bloque radical de mandatarios continentales en los asuntos internos de nuestra nación. A través de su plataforma Truth Social, Trump rompió con décadas de tradición diplomática de no injerencia al emitir consignas directas como "Let's make Colombia great again", catapultando la candidatura de la ultraderecha en el tramo final de la campaña.

A este espaldarazo digital se sumó un coro de líderes regionales. El mandatario argentino, Javier Milei, dijo "el león y el tigre rugen desde Latinoamérica". El entorno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, promovía el viraje político. El presidente Noboa de Ecuador tomaba acciones económicas en la frontera para afectar las comunidades binacionales. Esta alineación no fue solo retórica; se tradujo en una fuerte presión psicológica sobre el electorado. Desde Washington, legisladores republicanos afines al trumpismo sugirieron de forma sistemática que la continuidad de la asistencia económica y los acuerdos de cooperación comercial de Estados Unidos con Colombia se verían comprometidos si las urnas daban como ganador al proyecto de la izquierda.

Este despliegue internacional vulneró profundamente la equidad del proceso, trasladando un debate soberano local al terreno de las disputas geopolíticas globales.

¿Escándalos judiciales del presidente electo en EE. UU.? 

A la par que se cerraban las urnas en Colombia en los EEUU se abría un complejo frente legal que toca de forma directa las finanzas del hoy presidente electo. A mediados de junio, un bloque de congresistas demócratas —liderado por figuras de peso legislativo como Jesús "Chuy" García y Jim McGovern— envió una carta formal y urgente a los departamentos de Estado y de Justicia de los Estados Unidos.

La misiva, cuyos detalles fueron expuestos en investigaciones de medios como EL PAÍS y la Revista RAYA, exige una fiscalización penal inmediata a De la Espriella, debido a que el mandatario electo ostenta la ciudadanía estadounidense por naturalización desde el año 2023. Los congresistas norteamericanos aportaron un rastreo financiero sumamente grave:

  • Corporaciones de papel: Se identificó un entramado de al menos 14 empresas pantalla constituidas en el estado de Florida, con sedes registradas en sectores de alta plusvalía como Brickell y Doral.

  • El nexo Saab: Los legisladores solicitaron investigar penalmente si los flujos financieros que sustentaron la adquisición de bienes raíces millonarios en el exterior guardan relación histórica con el lavado de activos atribuido al caso de Alex Saab, el polémico contratista vinculado al régimen venezolano, a quien De la Espriella defendió legalmente en el pasado.

Este panorama judicial demuestra que el nuevo Gobierno arranca con serios cuestionamientos en los tribunales federales del país que precisamente pretende tener como su principal aliado. Ver fuentes al final de este escrito.* 

¡Todo por la paz!

Frente a la proclamación de los resultados, el senador Iván Cepeda adoptó una postura de alta responsabilidad democrática. En su discurso oficial, reconoció institucionalmente los datos del escrutinio para preservar la paz interna y evitar un vacío de poder catastrófico, --como el ocurrido a raíz del robo de las elecciones del 19 de abril de 1970. Pero proclamó de inmediato una "oposición robusta, serena y reflexiva". Cepeda fue enfático: aceptar la realidad de las cifras no equivale a renunciar a la verdad ni a convalidar las trampas del debate electoral.

En una reciente entrevista concedida al medio europeo Le Grand Continent, titulada "Es posible resistir a la presidencia imperial de Trump", el expresidente Ernesto Samper analizaba el impacto de cyber-operaciones y figuras de la política norteamericana (como el secretario de Estado, Marco Rubio) en América Latina. Samper señalaba con acierto que la única defensa viable frente a este modelo es el tejido de la solidaridad regional y la movilización social desde las bases.

Para Hormiguitas 2003, la tarea histórica de los Extrabajadores de TELECOM y Teleasociadas adquiere un sentido de urgencia. Para los extrabajadores del Estado, especialmente aquellos vinculados al histórico sector de las telecomunicaciones, las líneas rojas de este nuevo periodo están nítidamente trazadas:

  1. Blindaje Pensional: La vigilancia de nuestra base social se concentrará prioritariamente en impedir la privatización, desmonte o marchitamiento de los remanentes de las cajas de previsión social y los fondos de pensiones públicos del sector de las telecomunicaciones. No permitiremos que las deudas históricas del Estado con sus trabajadores sean borradas bajo el pretexto de un ajuste fiscal neoliberal.

  2. Defensa de Conquistas Sociales: Reformas fundamentales como el salario vital, el acceso a la tierra y el derecho de asociación sindical —defendidos con vehemencia por la mitad progresista del país que votó por Cepeda— se mantendrán vigentes mediante el control político en el Congreso y la acción jurídica de nuestros abogados.

  3. Vigilancia Territorial: Ante el anunciado modelo de seguridad militarizada y recorte de libertades, las asociaciones de extrabajadores del estado, las organizacones de pensionados y los sindicatos estamos llamados a mantener canales activos de denuncia nacional e internacional para proteger la integridad de los líderes sociales en las regiones.

Para la comunidad de extrabajadores del Estado, pensionados y sobrevivientes de las luchas laborales —quienes cargamos a la espalda la memoria histórica de la liquidación del sector de las telecomunicaciones—, este momento exige cabeza fría, análisis técnico y una organización inteligente. 

Fuentes de información:

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jueves, 25 de junio de 2026

Fiduprevisora y FOMAG: ¿Firmes por la plata?

Protestas por el derecho a la salud frente a Fiduprevisora. Foto: elespectador

Parece que el panorama actual de la Fiduprevisora y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) atraviesa una crisis que nos obliga a compartir opiniones surgidas de las experiencias de los ex-trabajadores de TELECOM. Al parecer, lo que se presenta como el refugio seguro de los ahorros y salud se ha convertido, ante los ojos de los entes de control, en un foco de presuntas irregularidades. Para quienes dedicamos nuestra vida al servicio público, la estabilidad de nuestras prestaciones sociales no es solo un derecho laboral, es un pilar de nuestra tranquilidad tras años de trabajo. 

¿Qué pasa? Informes recientes de la Contraloría y la Superintendencia de Salud han destapado hallazgos que no pueden ser ignorados: desde la ejecución de contratos sin los debidos respaldos presupuestales hasta la implementación de un modelo de salud en 2024 cuya improvisación técnica fue señalada incluso por la Procuraduría, derivando en pliegos de cargos contra altos funcionarios. Pero quizás lo más alarmante es la denuncia sobre pagos irregulares por sumas que superan los 86.000 millones de pesos en sentencias y primas. Se investiga si bases de datos institucionales fueron utilizadas indebidamente para promover demandas masivas, drenando recursos destinados a quienes, con transparencia, esperan sus derechos pensionales.  

 
Ver: https://www.youtube.com/watch?v=5IX86a989Dk 
 

Este no es un problema aislado de mala gestión; es una falla estructural de gobernanza. Como bien señalan los análisis académicos, la "fiducia" ha servido a menudo como un brazo ejecutor sin la infraestructura necesaria, dejando a la entidad vulnerable a capturas políticas y a estrategias de abogados que, mediante tácticas dilatorias, intentan entorpecer la justicia para proteger intereses opacos. La sanción reciente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial contra litigantes que obstaculizaron procesos por desfalcos previos es una señal de que la impunidad, aunque tenaz, empieza a ser vigilada. Ver: https://cndj.gov.co/web/comision-nacional-de-disciplina-judicial/-/sancionados-abogados-que-entorpecieron-audiencias-por-millonario-desfalco-a-fiduprevisora

Para nosotros, como ex-trabajadores del Estado, la recuperación de la gestión pública directa es un objetivo ciudadano, con transparencia radical, rigor técnico y veeduría ciudadana, para no correr el riesgo de repetirse la historia de desmantelamiento que vivimos tras la liquidación de Telecom en 2003. La integridad de las nóminas, la legalidad de cada contrato y la auditoría constante no son temas exclusivos de los abogados; son garantías básicas para nuestra supervivencia digna. La vigilancia social es, hoy más que nunca, nuestro derecho y nuestra mayor defensa. 

Saludo Solidario para el sector del magisterio colombiano. 

¿Qué hacer? Algunas opiniones surgidas de las lecciones aprendidas por los ex trabajadores de TELECOM:

  • Vigilar el Patrimonio: Exija constantemente certificaciones de sus estados de cuenta pensional y prestacional. Ante cualquier duda o movimiento extraño en sus registros, radique de inmediato una petición formal ante los canales oficiales de Fiduprevisora y copie a la Contraloría.
  • Exigir Transparencia: Como ciudadanos, tenemos derecho a conocer el estado de los contratos de salud. Utilice las plataformas de transparencia del Estado para auditar cómo se ejecutan los recursos del FOMAG y cuestione las contrataciones directas o "a dedo" que carezcan de justificación técnica clara.
  • Ejercer veeduría ciudadana formal: No permita que la improvisación institucional diluya sus derechos. Inscriba una veeduría formal ante la Personería Municipal respectiva. Divulge los casos en coordinación con otras asociaciones gremiales; este es el principal antídoto contra el manejo opaco de los fondos.
  • Cero Tolerancia con el Litigio Irregular: Si es contactado por firmas de abogados que prometen pagos "milagrosos" de primas o retroactivos a cambio de exclusividad o manejo de datos, verifique su idoneidad. El uso de información privilegiada para demandar al Estado es, en muchos casos, el inicio de un fraude que termina afectando sus propias finanzas.
  • Participación Ciudadana y Control Político: Apoye y difunda los informes de los entes de control: Procuraduría, Contraloría, Supersalud. 
  • Acción por la Reforma: Promueva el debate sobre una reforma al gobierno corporativo de la Fiduprevisora. La entidad no puede ser un botín político; debe ser una institución técnica blindada contra la corrupción, cuyo único fin sea la protección efectiva de la seguridad social de los servidores públicos.

 

 

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lunes, 22 de junio de 2026

Ex trabajadores del Estado, pendientes del escrutinio para proclamar presidente de Colombia

Iván  Cepeda. Foto: elindependiente.com/internacional 
Abelardo de la Espriella. Foto: bbc.com/mundo
 

El cierre de la segunda vuelta presidencial del pasado 21 de junio de 2026 ha dejado a Colombia en un escenario de máxima expectativa política. Con una diferencia estrecha en el preconteo informativo de la Registraduría, donde Abelardo de la Espriella se perfila con el 49,66% de los votos frente al 48,69% de Iván Cepeda Castro, la atención del país se ha trasladado de inmediato a las comisiones escrutadoras. En este panorama de definición voto a voto, un sector de la población sigue el proceso con especial cautela y rigor analítico: los trabajadores del Estado y, de manera muy particular, el colectivo de ex-trabajadores de la desaparecida Empresa Nacional de Telecomunicaciones (TELECOM).  

Para los ex trabajadores de TELECOM y las TELEASOCIADAS, el resultado oficial que arrojen los jueces de la república y el Consejo Nacional Electoral (CNE) —previsto para consolidarse de manera definitiva en los próximos días — no representa simplemente el cambio de un rostro en la Casa de Nariño. Significa la definición del rumbo macroeconómico, pensional y laboral de los próximos cuatro años, en un contexto donde cada voto verificado en las actas puede consolidar la balanza hacia un modelo de país u otro. 

 


En relación con los mecanismos electorales, las denuncias de irregularidades y el papel de la vigilancia del software de conteo de votos, son varias las observaciones identificadas por medios locales e internacionales. El programa "Colombia, pendiente del escrutinio para proclamar presidente" publicado por La Base 6x156, aborda la coyuntura de las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia y lo primero que se resalta es la naturaleza no vinculante del preconteo:  el preconteo rápido realizado la noche de la elección tiene un carácter informativo, provisional y NO VINCULANTE jurídicamente. Los boletines emitidos por la Registraduría a partir de la transmisión telefónica o digital de datos no adjudican el poder. 

Lo segundo a tener en cuenta es el margen de votación históricamente estrecho. Se señala como la segunda vuelta con el resultado más cerrado en la historia contemporánea de Colombia. Con el 99,9% de las mesas informadas en el preconteo, la diferencia porcentual entre los candidatos (Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda) se sitúa por debajo del 1% (aproximadamente un 0,95%, que equivale a unos 246.000 o 248.000 votos).  

En tercer lugar el escrutinio es la única VERDAD jurídica: El escrutinio presencial formal y matemático es el único procedimiento legal con valor definitivo. Este proceso implica la verificación física y jurídica de las actas de votación originales firmadas por los jurados, revisadas por jueces, notarios y delegados del Consejo Nacional Electoral (CNE). Se deben despejar dudas, las relacionadas con la votación en los consulados (especialmente en Estados Unidos, con más de 270.000 sufragios) que inclinó de forma decisiva la balanza a favor de De la Espriella en el preconteo. Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=qdMwyfXl2pw

En el programa del canal de youtube LibreMente Política, "Aparecen miles de votos a Cepeda en los E-14...", se identifican varias denuncias sobre la alteración de los formularios E-14: con evidencias gráficas de adulteración en actas. Se exponen casos concretos, como el de una mesa en Turbo (Antioquia), donde presuntamente al digitalizar el formulario se alteraron los números: se le restaron 100 votos al candidato Iván Cepeda (pasando de 159 a 59) y esos mismos 100 votos se le sumaron de forma irregular a Abelardo de la Espriella (pasando de 84 a 184). Fuentre: https://www.youtube.com/watch?v=zB6DvEZPtp8&t=37s

El creador de contenido en youtube, Alejo Vergel, con el título "PETRO HABLA AL PAÍS: "TEMEN AL ESCRUTINIO". Alarmó por "ÉPOCA OSCURA" y entrará a defender su vida", analiza la alocución y mensajes del presidente Gustavo Petro tras la segunda vuelta presidencial de 2026, revela diez observaciones críticas sobre la narrativa de fraude, la tensión institucional y el panorama político del país. Entre ellas la  Denuncia de Anomalías Informáticas (IPs), las sospechas de fraude por supuestos cambios en las direcciones IP de los servidores de soporte computacional del preconteo y del escrutinio general, lo cual exige auditorías técnicas a este software. Aunado a la impugnación de más de 33.000 mesas de votación. Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=KLSrDFYcBZ8

Anteriormente, el 19 de abril de 1970, durante la noche de la elección, las transmisiones radiales mostraban una clara ventaja a favor del candidato Rojas Pinilla (Alianza Nacional Popular, ANAPO). Entonces, el gobierno del presidente Carlos Lleras Restrepo ordenó suspender la transmisión de datos por radio y decretó el estado de sitio y el toque de queda. Pero al día siguiente, cuando se reanudó la información oficial, el resultado se había invertido, declarando ganador a Misael Pastrana, del Partido Conservador por un estrecho margen (aproximadamente 50.000 votos).

En la actual coyuntura de 2026, para quienes dedicaron su vida al servicio público y hoy dependen del respeto a los acuerdos gobierno-sociedad y el respeto a los fallos de los juzgados laborales,  sobre el derecho a las pensiones y su estabilidad en el tiempo, frente a una diferencia menor al uno por ciento entre los dos candidatos, este proceso técnico de escrutinios es crucial. Cualquier reforma laboral o pensional futura, así como la seguridad jurídica de los regímenes especiales, estará directamente supeditada a las mayorías y al estilo de gobernanza del mandatario proclamado. 

Los ex-trabajadores estatales hemos aprendido, a fuerza de historia y de complejas transiciones normativas, que en el ámbito institucional las trampas están en los detalles. Históricamente, las discrepancias entre el preconteo del domingo por la noche (que tiene un carácter puramente informativo) y el escrutinio oficial (que es el único procedimiento con validez jurídica y vinculante) han sido objeto de minuciosos seguimientos por parte de las organizaciones sociales. Ejemplos del pasado —como los análisis comparativos de las elecciones legislativas y las variaciones técnicas en la consolidación de formularios como el E-14— demuestran que la veeduría ciudadana o los "testigos digitales" son necesarios para buscar la transparencia democrática.  

Frente a la inminencia de los resultados oficiales, se hace indispensable un llamado a la cohesión de los ex-trabajadores de TELECOM. Estos ciudadanos, que han resistido las consecuencias de los procesos de liquidación estatales y ha defendido sus derechos pensionales en los estrados judiciales durante décadas, no puede ser un espectador pasivo en esta transición. Por lo anterior, e independientemente de la opción política que finalmente asuma la presidencia para el periodo 2026-2030, el gremio de ex-trabajadores de TELECOM y las TELEASOCIADAS estamos llamados a ejercer veeduría y mantener una postura positiva de alerta constructiva. La defensa de la memoria histórica de la empresa, el monitoreo a los proyectos de ley que afecten el poder adquisitivo de los ex-trabajadores y pensionados y la exigencia del cumplimiento de los fallos laborales deben seguir siendo las banderas prioritarias. El escrutinio definirá el gobierno, pero solo la organización gremial garantizará la vigencia de los derechos.- 

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martes, 16 de junio de 2026

Cuestión de vida o muerte: ¿Hacia una Nueva Ola de Liquidaciones Estatales?

El Espejo de 2002: De la "Renovación Pública" a la Radicalización del Recorte.
Fotomontaje: Google-Gemini.

Para quienes vivimos en carne propia la reestructuración del Estado de las últimas décadas, las dinámicas políticas actuales no son un terreno desconocido. La historia de la liquidación de TELECOM y las TELEASOCIADAS a partir de 2003 y el marchitamiento de decenas de entidades públicas (INRAVISON, FOCINE, ADPOSTAL, MINSALUD, etcétera)nos enseñaron que las decisiones macroeconómicas que se toman en las urnas tienen un impacto directo, real y muchas veces irreversible sobre las familias trabajadoras, la estabilidad laboral y los sistemas de previsión social.

En la actual coyuntura electoral de 2026, el país se encuentra nuevamente en una encrucijada donde se confrontan dos visiones económicas y laborales radicalmente opuestas. Como comunidad de ex trabajadores y pensionados, es nuestro deber analizar con cabeza fría y argumentos técnicos qué significan estas propuestas para el futuro institucional y social de Colombia.

La memoria histórica es nuestra principal herramienta de análisis. En el año 2002, bajo el Plan de Renovación de la Administración Pública (PRAP), el país experimentó una reducción sustancial del aparato estatal. Aquella reforma combinó ministerios (reduciéndolos de 16 a 13) y reestructuró o liquidó cerca de 464 entidades del Estado —entre ellas nuestra recordada Telecom—, suprimiendo más de 24.000 puestos de trabajo y transformando el panorama de la contratación pública mediante la tercerización.

 Los Riesgos Laborales y Macroeconómicos por caer en el engaño electoral de la derecha; con Uribe se terminaron más de 30 mil empleos. ¿Con De la Espriella se "destriparán" más de 700 mil trabajadores del Estado? 

Sin embargo, las propuestas que hoy se defienden desde los sectores de la derecha más radical no son una simple continuidad de ese modelo; representan su exponencialización absoluta y la destrucción de la constitución política de Colombia. Las plataformas políticas que abogan por una flexibilización extrema del mercado y una reducción drástica del gasto proponen hoy medidas que harían palidecer las reformas de principios de siglo:

  • La supresión masiva de la nómina pública: Se ha planteado el cierre directo de 13 ministerios y la liquidación de 43 entidades estatales. Técnicamente, esto se traduciría en la desvinculación masiva de aproximadamente 700.000 empleados públicos en sectores sensibles como la justicia, la educación (afectando instituciones clave como el SENA) y el bienestar social (ICBF).

  • El marchitamiento del Estado Social: La propuesta de retirar al Estado de actividades comerciales implicaría el fin de la participación pública en entidades estratégicas de desarrollo rural y conectividad regional como el Banco Agrario o Satena, debilitando el apoyo al campesinado y a las zonas periféricas del país.

El Impacto Estructural: Derechos Laborales y la Inflexibilidad del Gasto

Desde una perspectiva macroeconómica y de derecho laboral, los riesgos de un viraje hacia la desregulación total tocan tres fibras muy sensibles para el tejido social:

1. La Seguridad Jurídica de los Logros Sociales

Frente a una visión garantista —que en los últimos años ha buscado defender la restitución de recargos nocturnos, la formalización del empleo y la protección del poder adquisitivo a través del salario mínimo vital y la reforma pensional—, la visión de la flexibilización total considera los costos no salariales y las prestaciones sociales como "cargas regulatorias" que frenan la inversión privada. El riesgo inminente es un retorno a la precarización del empleo por horas, la desprotección en plataformas digitales y el cuestionamiento jurídico de los incrementos salariales decretados para la clase trabajadora.

2. El Choque Fiscal y Constitucional

Los analistas económicos advierten que la promesa de recortar un 40% del gasto total del Estado choca de frente con la Constitución Política de 1991. En Colombia, cerca del 90% del presupuesto de la Nación está compuesto por lo que técnicamente se denominan gastos inflexibles (recursos predeterminados por ley para el pago de pensiones, transferencias a las regiones para salud y educación pública, y el sostenimiento de la justicia). Intentar un recorte de tal magnitud por vías de excepción o decretazos implicaría una ruptura del orden institucional y legal vigentes.

3. Los Referentes Internacionales como Advertencia

Los modelos de shock económico aplicados recientemente en la región suramericana (Argentina, Chile, Ecuador) sirven como un espejo de alerta. Los experimentos de desregulación absoluta y exoneración impositiva a las grandes fortunas no han logrado contener fenómenos macroeconómicos complejos como la inflación, pero sí han deteriorado severamente el poder de compra de los salarios más bajos, incrementando la informalidad y la exclusión social.

Advertencia: La Defensa de las Instituciones públicas como el SENA, Bienestar Familiar, Fondo Nacional del Ahorro, etcétera, es cuestión de vida o muerte.

Para el sindicalismo histórico y los ex trabajadores del Estado, el debate actual va mucho más allá de una simple simpatía partidista; se trata de la defensa de los pivotes mínimos del Estado Social y Democrático de Derecho.

No podemos permitir que la desinformación y el cansancio mediatico nos hagan olvidar el costo social que pagó el país en las olas privatizadoras del pasado (Gobiernos Gaviria-Uribe-Duque). La estabilidad de las instituciones democráticas, el respeto por las decisiones de las altas cortes y la protección del empleo digno como derecho fundamental son las verdaderas garantías para que las futuras generaciones de colombianos no tengan que revivir los traumáticos procesos de exclusión que nuestra compañeros de TELECOM y las TELEASOCIADAS conocemos tan bien. La cita con la defensa de estos derechos fundamentales se define, como siempre, a través de la conciencia democrática, el debate argumentado, la memoria histórica y EL VOTO. En estas elecciones presidenciales nos la jugamos: ¡POR LA VIDA!

Ver debate: ¿"El macabro plan de De la Espriella para echar a 700.000 trabajadores y armar paracos"?


 

 

 

 

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sábado, 9 de mayo de 2026

LA "SEGUNDA OLA" DE CAMBIOS Y LOS DERECHOS LOS TRABAJADORES DE LAS REGIONES COLOMBIANAS

 


Análisis de las propuestas de Iván Cepeda sobre trabajo, derechos laborales y la meta de llegar a una democracia directa de los ciudadanos.


1. El compromiso con la Memoria y la Justicia Laboral

El candidato Iván Cepeda ha sido enfático: el movimiento sindical y las organizaciones de trabajadores han sido víctimas de un exterminio (años 1990 hasta nuestros días) que debe ser reparado. Para nosotros, los extrabajadores de Telecom que vivimos el cierre de la empresa en 2003, este planteamiento es vital:

  • Acción, no solo promesas: Propone convertir el reconocimiento de responsabilidad del Estado en medidas de reparación colectiva reales.

  • Protección del legado: Reivindicar la historia de las "Hormiguitas de TELECOM y las TELEASOCIADAS" y de quienes defendieron el patrimonio público.

2. Democracia Directa: "Mandar Obedeciendo"

Inspirado en el modelo de países como Suiza, pero adaptado a la realidad colombiana, Cepeda propone que las decisiones no se tomen más a nuestras espaldas:

  • Poder de Veto: Que las organizaciones sociales tengan voz vinculante en las reformas que afecten sus pensiones y derechos laborales.

  • Control Ciudadano: Crear veedurías populares con tecnología para vigilar que los recursos públicos y los fondos prestacionales no sean objeto de corrupción.

3. Hacia un Modelo Laboral con Dignidad

Frente a la precarización que sufrimos tras la liquidación de más de cien entidades estatales, la propuesta para 2026 busca:

  • Formalización total: Acabar con la tercerización injusta y devolver la estabilidad del contrato a término indefinido.

  • Equidad Territorial: Que los trabajadores de las regiones rurales de la costa pacífica, la amazonía y la orinoquía tengan los mismos derechos y protección que en las grandes capitales.

REFLEXIÓN PARA CONOCER EL PODER CIUDADANO:

Dimensión de la Participación Ciudadana

Caso Suiza

Caso Colombia

Poder de Veto Ciudadano

Efectivo y frecuente. Mediante referendos (trimestrales) se detienen leyes o decisiones impopulares.

Difícil de aplicar porque nos imponen altos umbrales de firmas y si una consulta popular territorial triunfa nos imponen el centralismo de las altas cortes.

Estabilidad

Las consultas evitan estallidos sociales.

Las consultas son saboteadas por los medios corporativos y las convierten en momentos de alta polarización.

Rol del Estado

Acata el resultado ciudadano como mandato supremo pueblo.

El resultado a veces se modula mediante la interpretación judicial o la interferencia legislativa.

Costo Político

Bajo; es parte de la rutina administrativa.

Muy alto; se manipula y se proyecta como un desafío al poder central.

 

El análisis comparado muestra que en países como Suiza, la voluntad ciudadana es ley. En Colombia, el reto para este 2026 es lograr que nuestra voz no sea "modulada" por otros. Iván Cepeda propone que seamos nosotros, quienes producimos la riqueza, los que definamos la hoja de ruta del país.

"El trabajo no es una mercancía, es la base de la dignidad humana".

¡Mantengámonos informados y unidos!

Comparta este boletín con los compañeros de trabajo del sector de las telecomunicaciones y medios alternativos y sigamos construyendo nuestra propia narrativa.

Portal: hormiguitas2003.blogspot.com

 

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