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El Espejo de 2002: De la "Renovación Pública" a la Radicalización del Recorte. |
Para quienes vivimos en carne propia la reestructuración del Estado de las últimas décadas, las dinámicas políticas actuales no son un terreno desconocido. La historia de la liquidación de TELECOM y las TELEASOCIADAS a partir de 2003 y el marchitamiento de decenas de entidades públicas (INRAVISON, FOCINE, ADPOSTAL, MINSALUD, etcétera)nos enseñaron que las decisiones macroeconómicas que se toman en las urnas tienen un impacto directo, real y muchas veces irreversible sobre las familias trabajadoras, la estabilidad laboral y los sistemas de previsión social.
En la actual coyuntura electoral de 2026, el país se encuentra nuevamente en una encrucijada donde se confrontan dos visiones económicas y laborales radicalmente opuestas. Como comunidad de ex trabajadores y pensionados, es nuestro deber analizar con cabeza fría y argumentos técnicos qué significan estas propuestas para el futuro institucional y social de Colombia.
La memoria histórica es nuestra principal herramienta de análisis. En el año 2002, bajo el Plan de Renovación de la Administración Pública (PRAP), el país experimentó una reducción sustancial del aparato estatal. Aquella reforma combinó ministerios (reduciéndolos de 16 a 13) y reestructuró o liquidó cerca de 464 entidades del Estado —entre ellas nuestra recordada Telecom—, suprimiendo más de 24.000 puestos de trabajo y transformando el panorama de la contratación pública mediante la tercerización.
Los Riesgos Laborales y Macroeconómicos por caer en el engaño electoral de la derecha; con Uribe se terminaron más de 30 mil empleos. ¿Con De la Espriella se "destriparán" más de 700 mil trabajadores del Estado?
Sin embargo, las propuestas que hoy se defienden desde los sectores de la derecha más radical no son una simple continuidad de ese modelo; representan su exponencialización absoluta y la destrucción de la constitución política de Colombia. Las plataformas políticas que abogan por una flexibilización extrema del mercado y una reducción drástica del gasto proponen hoy medidas que harían palidecer las reformas de principios de siglo:
La supresión masiva de la nómina pública: Se ha planteado el cierre directo de 13 ministerios y la liquidación de 43 entidades estatales. Técnicamente, esto se traduciría en la desvinculación masiva de aproximadamente 700.000 empleados públicos en sectores sensibles como la justicia, la educación (afectando instituciones clave como el SENA) y el bienestar social (ICBF).
El marchitamiento del Estado Social: La propuesta de retirar al Estado de actividades comerciales implicaría el fin de la participación pública en entidades estratégicas de desarrollo rural y conectividad regional como el Banco Agrario o Satena, debilitando el apoyo al campesinado y a las zonas periféricas del país.
El Impacto Estructural: Derechos Laborales y la Inflexibilidad del Gasto
Desde una perspectiva macroeconómica y de derecho laboral, los riesgos de un viraje hacia la desregulación total tocan tres fibras muy sensibles para el tejido social:
1. La Seguridad Jurídica de los Logros Sociales
Frente a una visión garantista —que en los últimos años ha buscado defender la restitución de recargos nocturnos, la formalización del empleo y la protección del poder adquisitivo a través del salario mínimo vital y la reforma pensional—, la visión de la flexibilización total considera los costos no salariales y las prestaciones sociales como "cargas regulatorias" que frenan la inversión privada. El riesgo inminente es un retorno a la precarización del empleo por horas, la desprotección en plataformas digitales y el cuestionamiento jurídico de los incrementos salariales decretados para la clase trabajadora.
2. El Choque Fiscal y Constitucional
Los analistas económicos advierten que la promesa de recortar un 40% del gasto total del Estado choca de frente con la Constitución Política de 1991. En Colombia, cerca del 90% del presupuesto de la Nación está compuesto por lo que técnicamente se denominan gastos inflexibles (recursos predeterminados por ley para el pago de pensiones, transferencias a las regiones para salud y educación pública, y el sostenimiento de la justicia). Intentar un recorte de tal magnitud por vías de excepción o decretazos implicaría una ruptura del orden institucional y legal vigentes.
3. Los Referentes Internacionales como Advertencia
Los modelos de shock económico aplicados recientemente en la región suramericana (Argentina, Chile, Ecuador) sirven como un espejo de alerta. Los experimentos de desregulación absoluta y exoneración impositiva a las grandes fortunas no han logrado contener fenómenos macroeconómicos complejos como la inflación, pero sí han deteriorado severamente el poder de compra de los salarios más bajos, incrementando la informalidad y la exclusión social.
Advertencia: La Defensa de las Instituciones públicas como el SENA, Bienestar Familiar, Fondo Nacional del Ahorro, etcétera, es cuestión de vida o muerte.
Para el sindicalismo histórico y los ex trabajadores del Estado, el debate actual va mucho más allá de una simple simpatía partidista; se trata de la defensa de los pivotes mínimos del Estado Social y Democrático de Derecho.
No podemos permitir que la desinformación y el cansancio mediatico nos hagan olvidar el costo social que pagó el país en las olas privatizadoras del pasado (Gobiernos Gaviria-Uribe-Duque). La estabilidad de las instituciones democráticas, el respeto por las decisiones de las altas cortes y la protección del empleo digno como derecho fundamental son las verdaderas garantías para que las futuras generaciones de colombianos no tengan que revivir los traumáticos procesos de exclusión que nuestra compañeros de TELECOM y las TELEASOCIADAS conocemos tan bien. La cita con la defensa de estos derechos fundamentales se define, como siempre, a través de la conciencia democrática, el debate argumentado, la memoria histórica y EL VOTO. En estas elecciones presidenciales nos la jugamos: ¡POR LA VIDA!
Ver debate: ¿"El macabro plan de De la Espriella para echar a 700.000 trabajadores y armar paracos"?
