sábado, 27 de junio de 2026

¿De una democracia bajo asedio a una resistencia social, laboral y cultural?

Se aceptan las cifras electorales, pero se denuncia la "presidencia imperial", intervenciones extranjeras, compra de votos, uso de inteligencia artificial, fallas del software electoral, trampas en los registros de votos (E-14). 


Aunque el resultado numérico le otorga el manejo de la Casa de Nariño a la ultraderecha, el poder ético de un país fracturado por la mitad sigue estando en manos de quienes defendemos los derechos ciudadanos. 

Los compañeros extrabajadores de TELECOM sabemos, por experiencia, que los gobiernos pasan, pero la memoria social y la organización ciudadana permanecen en pie de lucha. 

Después de que el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida desistieran de más de 52.000 reclamaciones por fallas en mesas electorales en todo el país y el exterior, el Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó el resultado del escrutinio de la segunda vuelta presidencial del pasado 21 de junio: De un total de 26.095.504 votos, Abelardo de la Espriella contabilizó 12.960.166 votos (49.2% aproximadamente), frente a 12.708.312 votos (48.7% aproximadamente) obtenidos por Iván Cepeda. Aunque la diferencia es de aproximadamente 250,000 votos, el país está claramente divido en dos mitades iguales. Valga la pena recordar que ocurrió algo semejante en el plebiscito por la paz del año 2016.  

Las elecciones de 2026 no se definieron únicamente en las plazas públicas de nuestros municipios; sino que estuvieron profundamente atravesadas por hilos de intervención extranjera, redes financieras transnacionales y planes mediáticos, que hoy estamos obligados a examinar. 

¿Sombra de Intervención Extranjera? 

El elemento más crítico de esta contienda fue la abierta intromisión de Donald Trump y un bloque radical de mandatarios continentales en los asuntos internos de nuestra nación. A través de su plataforma Truth Social, Trump rompió con décadas de tradición diplomática de no injerencia al emitir consignas directas como "Let's make Colombia great again", catapultando la candidatura de la ultraderecha en el tramo final de la campaña.

A este espaldarazo digital se sumó un coro de líderes regionales. El mandatario argentino, Javier Milei, dijo "el león y el tigre rugen desde Latinoamérica". El entorno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, promovía el viraje político. El presidente Noboa de Ecuador tomaba acciones económicas en la frontera para afectar las comunidades binacionales. Esta alineación no fue solo retórica; se tradujo en una fuerte presión psicológica sobre el electorado. Desde Washington, legisladores republicanos afines al trumpismo sugirieron de forma sistemática que la continuidad de la asistencia económica y los acuerdos de cooperación comercial de Estados Unidos con Colombia se verían comprometidos si las urnas daban como ganador al proyecto de la izquierda.

Este despliegue internacional vulneró profundamente la equidad del proceso, trasladando un debate soberano local al terreno de las disputas geopolíticas globales.

¿Escándalos judiciales del presidente electo en EE. UU.? 

A la par que se cerraban las urnas en Colombia en los EEUU se abría un complejo frente legal que toca de forma directa las finanzas del hoy presidente electo. A mediados de junio, un bloque de congresistas demócratas —liderado por figuras de peso legislativo como Jesús "Chuy" García y Jim McGovern— envió una carta formal y urgente a los departamentos de Estado y de Justicia de los Estados Unidos.

La misiva, cuyos detalles fueron expuestos en investigaciones de medios como EL PAÍS y la Revista RAYA, exige una fiscalización penal inmediata a De la Espriella, debido a que el mandatario electo ostenta la ciudadanía estadounidense por naturalización desde el año 2023. Los congresistas norteamericanos aportaron un rastreo financiero sumamente grave:

  • Corporaciones de papel: Se identificó un entramado de al menos 14 empresas pantalla constituidas en el estado de Florida, con sedes registradas en sectores de alta plusvalía como Brickell y Doral.

  • El nexo Saab: Los legisladores solicitaron investigar penalmente si los flujos financieros que sustentaron la adquisición de bienes raíces millonarios en el exterior guardan relación histórica con el lavado de activos atribuido al caso de Alex Saab, el polémico contratista vinculado al régimen venezolano, a quien De la Espriella defendió legalmente en el pasado.

Este panorama judicial demuestra que el nuevo Gobierno arranca con serios cuestionamientos en los tribunales federales del país que precisamente pretende tener como su principal aliado. Ver fuentes al final de este escrito.* 

¡Todo por la paz!

Frente a la proclamación de los resultados, el senador Iván Cepeda adoptó una postura de alta responsabilidad democrática. En su discurso oficial, reconoció institucionalmente los datos del escrutinio para preservar la paz interna y evitar un vacío de poder catastrófico, --como el ocurrido a raíz del robo de las elecciones del 19 de abril de 1970. Pero proclamó de inmediato una "oposición robusta, serena y reflexiva". Cepeda fue enfático: aceptar la realidad de las cifras no equivale a renunciar a la verdad ni a convalidar las trampas del debate electoral.

En una reciente entrevista concedida al medio europeo Le Grand Continent, titulada "Es posible resistir a la presidencia imperial de Trump", el expresidente Ernesto Samper analizaba el impacto de cyber-operaciones y figuras de la política norteamericana (como el secretario de Estado, Marco Rubio) en América Latina. Samper señalaba con acierto que la única defensa viable frente a este modelo es el tejido de la solidaridad regional y la movilización social desde las bases.

Para Hormiguitas 2003, la tarea histórica de los Extrabajadores de TELECOM y Teleasociadas adquiere un sentido de urgencia. Para los extrabajadores del Estado, especialmente aquellos vinculados al histórico sector de las telecomunicaciones, las líneas rojas de este nuevo periodo están nítidamente trazadas:

  1. Blindaje Pensional: La vigilancia de nuestra base social se concentrará prioritariamente en impedir la privatización, desmonte o marchitamiento de los remanentes de las cajas de previsión social y los fondos de pensiones públicos del sector de las telecomunicaciones. No permitiremos que las deudas históricas del Estado con sus trabajadores sean borradas bajo el pretexto de un ajuste fiscal neoliberal.

  2. Defensa de Conquistas Sociales: Reformas fundamentales como el salario vital, el acceso a la tierra y el derecho de asociación sindical —defendidos con vehemencia por la mitad progresista del país que votó por Cepeda— se mantendrán vigentes mediante el control político en el Congreso y la acción jurídica de nuestros abogados.

  3. Vigilancia Territorial: Ante el anunciado modelo de seguridad militarizada y recorte de libertades, las asociaciones de extrabajadores del estado, las organizacones de pensionados y los sindicatos estamos llamados a mantener canales activos de denuncia nacional e internacional para proteger la integridad de los líderes sociales en las regiones.

Para la comunidad de extrabajadores del Estado, pensionados y sobrevivientes de las luchas laborales —quienes cargamos a la espalda la memoria histórica de la liquidación del sector de las telecomunicaciones—, este momento exige cabeza fría, análisis técnico y una organización inteligente. 

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