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| El presidente de Colombia y el presidente de TELECOM en el año 2003. Foto: historico.presidencia.gov.co |
El plan de reestructutación del estado del gobierno de los años 2002-2010 al cerrar más de 400 entidades estatales y enviar a la calle a más de 100.000 trabajadores del estado trajo un grave impacto psicosocial no medido.
La pérdida del empleo implicó la interrupción en la cotización a la
seguridad social, y restringió el acceso a servicios de salud y pensión
en el futuro. Así muchos, ex trabajadores despedidos experimentaron
sentimientos de ansiedad, depresión, baja autoestima y dificultades para
adaptarse a una nueva situación. Pero el gran estrés emocional y
psicológico no fueron una noticia de prensa.
Tras el cierre de TELECOM en el año 2003, los trabajadores despedidos enfrentaron el desempleo, la precariedad laboral y una serie de afectaciones al mínimo vital de sus familias. desafíos inmediatos y a largo plazo. : La pérdida del empleo significó una inestabilidad económica significativa y esto conllevó la afectación psicológica de muchas personas. Los ex trabajadores tuvieron dificultades para encontrar nuevos empleos en un mercado laboral cada vez más cerrado por las políticas neoliberales. Muchos de los despedidos se vieron enfrentados a la ausencia de recursos para el reentrenamiento y actualización en habilidades laborales.
Los efectos de los despidos en 2003 se extendieron más allá del ámbito individual, generando impactos a largo plazo en el sector y en la sociedad en general.
El país se vió afectado por la pérdida de experiencia y conocimiento en las tecnologías de telecomunicaciones porque al despedir a más de 8.000 trabajadores directos e indirectos de TELECOM y las TELEASOCIADAS se pérdió el capital humano más valioso, ya que muchos de los trabajadores despedidos contaban con una amplia experiencia y gestión del conocimiento de las más extensa red de telecomunicaciones digitales y la más avanzada red troncal nacional de fibra óptica y con cables submarino internacionales.
Tras los despidos de los trabajadores de TELECOM se generó un clima de incertidumbre y desconfianza en la clase trabajadora y provocó afectaciones en las Relaciones Laborales y una disminución del poder de negociación de los sindicatos.
Lo más inmisericorde del cierre de TELECOM y las TELEASOCIADAS fue la ausencia de políticas públicas efectivas para mitigar los efectos de los despidos y facilitar la reinserción laboral de los trabajadores agravó la situación. Además el sistema de protección social en Colombia en ese momento no brindó una red de seguridad adecuada a los trabajadores despedidos.
En TELECOM teniamos el ITEC, el instituto tecnológico de electrónica y comunicaciones que nos daba capacitaciones permanente para conocer los cambios tecnológicos provocados por la era del transistor, los microordenadores, la nanotecnología. Pero al cerrar TELECOM se abandonó el conocimiento acumulado del ITEC, muchas de las habilidades de los ex trabajadores enfrentaron dificultades de adaptación al nuevo entorno laboral.
En muchos casos la naturaleza de las sentencias judiciales se centraron en resolver disputas legales específicas, como indemnizaciones, derechos laborales no cumplidos, etc. Pero nunca se incluyeron mandatos directos para programas de capacitación o reubicación.
Además de no brindar oportunidades de educación, los ex trabajadores
durante más de 20 años hemos presentado derechos de petición y demandas
de restablecimientos de derecho; con un bloqueo judicial posiblemente
empujado por los políticos gobernantes en la época del cierre.
¿Sin educación y sin pensión?
Aunque la prensa amarillista de derecho diga que no, los derechos de los extrabajadores despedidos en esa "reestrucuración del estad" si están vigentes. Así lo afirman líderes de la Asociación de ex trabajadores de TELECOM (Asoextelecom): "Por virtud el artículo 2.2.30.3.5 del decreto 1083 de 2015, se consideró incorporado al contrato de trabajo desde el 01 de enero de 1993, aunque no se especificara, el artículo 74 del decreto 1848 de 1969, que rige la pensión sanción para los trabajadores oficiales despedidos sin justa causa y dado que no podía modificarse sino por voluntad de las partes, esta clausula quedó vigente hasta la supresión definitiva de los cargos".
¿Quién responde políticamente por los efectos negativos del cierre de TELECOM en el año 2003? Es un tema de debate pero ciertamente si se sabe quiénes deben responder por la pensión de los extrabajadores. Asoextelecom afirma: "Teniendo en cuenta que la sentencia C-372 de 1998, estableció que el patrono debería continuar haciendo los aportes hasta que el empleado cumpliera el tiempo para alcanzar su pensión plena, sin importar si tenía o no afiliados a los trabajadores al sistema de seguridad social y en caso de no hacerlo, respondería por el pago de la pensión durante toda la vida del trabajador. Como en este caso Telecom respondía directamente por la pensión, debe completar los aportes a través del PAR Telecom y UGPP debe pagar la pensión".