Después de nueve años de búsqueda del reconocimiento de los derechos fundamentales el poder ejecutivo en Colombia se propone estudiar a fondo el caso de más de cuatro mil familias que quedaron en estado de vulneración por efecto del cierre violento de más de mil oficinas deTelecom en el año 2003. Así como lo replicado en todas las empresas teleasociadas y en muchas entidades estatales con las políticas de "renovación" de la administración Uribe.
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