Se hace un llamado a las Autoridades Constitucionales y al Gobierno Nacional para que se respete y cumpla el acuerdo de la Junta Directiva de TELECOM del 2003, poco antes de iniciar la liquidación, para la jubilación de los empleados a quienes les faltaban siete años para alcanzar su pensión.
Se llama la atención de las centrales obreras, con el fin de que se solidaricen con la causa de una lucha que ha sido marcada por las persecuciones y las vicisitudes económicas para miles de familias en todos los pueblos y ciudades en donde existe una oficina de TELECOM.
A propósito del tema elespectador.com, en enero del 2010, hizo eco de la angustia de miles de trabajadores: "Tras sus reclamaciones, han sido tildados de delincuentes, incluso, desde la oficialidad, pues no parece reconocerse la legalidad del acuerdo, que está sustentado en el Retén Social de la firma. Para ellos, una directiva expedida por el Consejo Superior de la Judicatura en 2006, en cabeza del magistrado José Alfredo Escobar Araújo, ha sido definitiva para que los jueces de la República se hayan negado a estudiar las acciones jurídicas a las que han intentado recurrir".
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