viernes, 4 de noviembre de 2011

El 10 de noviembre estudiantes colombianos marchan por educación superior gratuita

EFE/Federico Ríos/http://www.semana.com/nacion
Miles de estudiantes de universidades públicas protestaron este jueves 3 de noviembre contra un proyecto legislativo en el centro de Bogotá, donde protagonizaron una jornada caracterizada por una besatón y antorchas. Medios de prensa indicaron que cerca de 600.000 en 20 ciudades de Colombia.
"Este acto  es para exigirle al presidente Juan Manuel Santos que cancele inmediatamente el proyecto que busca aniquilar nuestra educación pública", dijo Sergio Fernández, portavoz estudiantil de la Universidad Nacional. Los universitarios, luego de marchar por cinco vías principales, se concentraron en el centro de Bogotá, donde protestaron enarbolando antorchas contra la ministra de Educación, María Campo, por cancelar su participación en un debate sobre el proyecto de reforma de la educación superior en una universidad pública.
Foto: elpaisvallenato.com
María Fernanda Campo, ingeniera industrial de la Universidad de los Andes, experta en Banca de Inversión, ex Presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, es la principal responsable de las marchas estudiantiles en Colombia. 
Su discurso "es parecido al de la ministra del Gobierno Uribe; es decir, enfocado en cifras y números, con un discurso tecnocrático  y financiero";  así lo señalaron expertos en diferentes periódicos nacionales cuando el Presidente Santos nombró la Ministra de Educación.

¿Cuál es la filosofía que debe primar en la educación superior en un país con los problemas de desigualdad y violencia de Colombia? ¿Tendrán los jòvenes que pagar un crèdito durante veinte años por sus cinco años de estudio? ¿Tendrán los jòvenes igualdad de oportunidades de educarse que en los píases con TLC?
Enlaces relacionados:

miércoles, 2 de noviembre de 2011

INCUMPLIMIENTO DE TUTELAS SIGUEN CAUSANDO ESTRAGOS SOCIALES A CIENTOS DE FAMILIAS COLOMBIANAS

Para la redacción Jurídica de EL TIEMPO son “irregulares” los derechos de protección social para los ex trabajadores colombianos despedidos.

A través de tutelas se busca el restablecimiento del derecho laboral y la protección de cada familia afectada, pero para la redacción Jurídica de EL TIEMPO son “irregulares” los derechos de protección social para los ex trabajadores colombianos despedidos.  

Aunque el periódico El Tiempo insiste en poner adjetivos calificativos negativos a los derechos de los trabajadores, el  martes 28 de junio de 2011, EL TIEMPO. COM informó que “a través de un embargo de cuentas un juez de Chinú (Córdoba) logró en el 2010 que se pagaran 1.380 millones de pesos en un proceso que agrupa a 16 ex funcionarios, que alegan que estaban próximos a la pensión y eran cabezas de familia en el momento en que la empresa fue liquidada. En total, estas reclamaciones suman 4.200 millones de pesos”. Y añadió que “Aunque la Corte Constitucional ordenó suspender los pagos de estas liquidaciones a ex trabajadores, (…) siete de estos recursos no fueron tenidos en cuenta por el alto tribunal y siguen haciendo carrera para hacerse efectivos, informó ELTIEMPO.COM 


http://m.eltiempo.com/justicia/tutelas-de-ex-funcionarios-de-telecom/9715026

La redacción Jurídica de ese periódico reconoce que “en abril del 2010, un juzgado de Puerto Tejada (Cauca) logró el pago de 178 millones de pesos, luego de una orden de arresto por cinco días contra Paulo Aranguren Riaño, representante legal de Fiduagraria S.A., la entidad que administra los recursos del Patrimonio Autónomo de Remanentes (PAR) de Telecom.”

En varias oportunidades los liquidadores de TELECOM, incluso funcionarios del Gobierno Nacional se han negado a acatar las órdenes judiciales que reconocen los derechos de los trabajadores inmisericordemente despedidos en el 2003 e infringen el deber de respetar los derechos constitucionales  al buscar argumentos irregulares para negarse a desembolsar los pagos a los trabajadores colombianos. Anota EL Tiempo que “Incluso, Javier Lastra, liquidador de Telecom, llegó a pagar cárcel en cinco oportunidades, por negarse a desembolsar la plata cobrada de manera irregular”. 


Para aclarar esta situación, los ex trabajadores le remitieron a estos periodistas las pruebas documentales de cómo durante los últimos años se han violado derechos fundamentales en Colombia con la liquidación esa sí “irregular” de varias entidades del Estado. El documento consta de más de mil folios radicados en la recepción de este periódico en la Calle 26 de Bogotá.

Esperamos que el nuevo Ministro del Trabajo, Doctor Rafael Pardo -en concordancia con los principios liberales- haga respetar los derechos humanos de los trabajadores injustamente maltratados por las agencias de prensa y por los funcionarios responsables del Patrimonio Autónomo de Remanentes de TELECOM.

sábado, 22 de octubre de 2011

Empresas Públicas de Bogotá será un modelo de gestión pública exitoso



Bogotá. “Impulsaré la creación de la Empresa de Servicios Públicos de Bogotá EPB, que integrará las distintas empresas de servicios públicos del Distrito en una sola gran empresa, la EPB, a manera de “holding”, dirigida a fortalecer la institucionalidad pública, coordinará la inversión de la ciudad y reducirá costos y tarifas, así como unificará la política de subsidios a los usuarios”, manifestó el candidato a la Alcaldía Mayor de Bogotá, Gustavo Francisco Petro Urrego.


"Estas acciones se orientan a abaratar los costos de los servicios públicos en beneficio de la economía popular”, manifestó el doctor Petro y dijo que “La nueva gran empresa unificada de servicios públicos será un instrumento de coordinación y dirección de política, de planificación de recursos, decisiones y utilidades”.

NO PRIVATIZARE

El doctor Petro expresó: “No privatizaré la ETB y la integraré a la EPB. Promoveré su transformación en la gran operadora de servicios integrados de telecomunicaciones y, con el Canal Capital, generaré la oferta de servicios convergentes en Televisión, Internet, Telefonía fija y móvil. Habrá tecnologías de información y comunicación TIC a precios razonables para todos los ciudadanos y para el desarrollo empresarial, mejorando el acceso de los sectores de bajos recursos al saber, a los mercados, los servicios financieros y los servicios institucionales nacionales, distritales y locales”.

El programa de Gobierno desarrollará una política pública para fortalecer la investigación desarrollo e innovación I-D-I. “Mejoraremos las capacidades propias de la ciudad para la generación, apropiación, aplicación, acumulación y difusión del conocimiento científico y el desarrollo tecnológico, en beneficio de la economía popular y su desarrollo social, como componentes fundamentales de la calidad de vida de la población y base de la productividad”, dijo el Doctor Petro.

Hormiguitas 2003 encuentra que el modelo de gestión propuesto por el candidato Petro existe en Colombia desde hace más de cincuenta años en las Empresas Públicas de Medellín, cuyos beneficios sociales se palpan en diferentes sectores de la ciudad y su región. EPM es hoy en día un Grupo Empresarial, creado el 6 de agosto de 1955, a través del Acuerdo #58 del Consejo Administrativo de Medellín, el cual fusionó en un establecimiento autónomo cuatro entidades que hasta ese momento fueron independientes: Energía, Acueducto, Alcantarillado y Teléfonos.

El grupo de ex trabajadores y despedidos de TELECOM sabe que un "holding" es una empresa que controla las actividades de otras mediante la propiedad de todas o de una parte significativa de su propiedad y también se sabe que los principales beneficios económicos de este tipo de estructura empresarial son  la eficiencia fiscal y la economía de escala; aspectos que ya conocíamos en la estructura de TELECOM.

Léase el programa de gobierno de Gustavo Petro en el enlace:

lunes, 17 de octubre de 2011

PREGUNTAN A MINHACIENDA SOBRE FONDOS DE TELECOM

Bogotá, 5 de octubre del 2011. En medios de internet se conoció el texto de un cuestionario suscrito por el Honorable Senador JORGE ENRIQUE ROBLEDO dirigido al Señor Ministro de Hacienda en el cual se pide la copia del documento mediante el cual la Nación y Telefónica acordaron en el 2006 la adquisición por parte de la compañía española de la mitad más una de las acciones de Coltel.

Así mismo pide informar en detalle cuáles fueron las obligaciones que Telefónica asumió cuando adquirió la mitas más una de las acciones de Coltel y si la multinacional ha cumplido con las mismas.

En la misiva se advierte que dicha solicitud se hace al amparo del artículo 258 de la Ley 5ª de 1992, norma
según la cual las peticiones de los congresistas deben contestarse en un término de cinco (5) días hábiles.

Dentro del cuestinario de once puntos se incluyen también las siguientes preguntas:

3. ¿La infraestructura de las redes de Telecom y de sus empresas Teleasociadas fue
arrendada o entregada en leasing, o fue adquirida por Coltel?
4. ¿Cuál es el monto y las condiciones de pago de la contraprestación que Coltel debe
pagar por el uso de la infraestructura de la extinta Telecom? ¿Cuál es el valor que
se ha pagado por esta obligación? Favor discriminar por años.
5. ¿Coltel ha cumplido con su obligación de pagar la contraprestación por el uso de la
infraestructura de la extinta Telecom? Si no la hecho, ¿a cuánto asciende la deuda,
incluidos los intereses de mora? ¿Qué acciones jurídicas se han tomado al respecto?
6. ¿En qué se invirtieron los recursos de la venta de la mitad más una de las acciones
de Coltel? ¿Por qué no entraron al Patrimonio Autónomo de Pensiones (PAP) para garantizar el pago del pasivo pensional?
7. ¿Cuándo Telefónica adquirió la mitad más una de las acciones de Coltel, qué se pactó para garantizar el pago del pasivo pensional?


Para apoyar esta importante acción, HORMIGUITAS2003 invita a las veedurías ciudadanas adelantar las acciones correspondientes al amparo de la Ley 850.

INDIGNADOS con el sistema bancario internacional crecen en todo el mundo

Caricatura publicada en EL ESPECTADOR el domingo 16 de octubre del 2011
AFL-CIO apoya a los indignados de Wall Street

07.10.2011 Richard Trumka, presidente de la central sindical que cuenta con más de 12,3 millones de miembros y 56 sindicatos afiliados, hizo una declaración el pasado 5 de octubre en la que apoya al movimiento y plantea tres reivindicaciones especialmente dirigidas a Wall Street, a los bancos y a las grandes empresas.
Al rexpecto expreso: "El movimiento conocido como Occupy Wall Street ha capturado la pasión de millones de estadounidenses que ya han perdido la esperanza en los políticos de esta nación, y ahora con estos actos, se están dirigiendo directamente a ellos. Apoyamos a los manifestantes en su determinación de responsabilizar a Wall Street por sus acciones y demandar que creen empleos. Estamos orgullosos que el día de hoy en Wall Street, conductores de autobús, pintores, enfermeras y trabajadores de los servicios públicos se estén uniendo a estudiantes y propietarios de casas, desempleados y los que no tienen empleos fijos, para realizar un llamamiento de los cambios fundamentales que se necesitan...."
http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Areas:Internacional:Actualidad:263877

Acción Unitaria de los Pensionados de las Comunicaciones abogan por ex trabajadores despedidos

  Bogotá. En un noble gesto de solidaridad, las Asociaciones de pensionados de Telecom y del sector de las Comunicaciones en Colombia abogaron por la protección de los trabajadores y las familias de los despedidos de Telecom y las Teleasociadas. El evento que contó con la participación de más de 900 personas tuvo lugar el pasado 13 de octubre de 2011 en el auditorio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Bogotá. El evento fue convocado por Apencom, Apetelecom, Pensiocom, Propetel, y Upeco.
Varios asitentes expresaron que a pesar de la realidad de la existencia legal de varias agremiaciones todos se comprometían a mantener el alto el lema de "uno para todos y todos para uno" por la defensa de los derechos civiles de los extrabajadores y pensionados.

jueves, 6 de octubre de 2011

CUT confirma paro nacional de trabajadores estatales

En Bogotá el paro comenzará a las 7 de la mañana, con manifestaciones en las distintas oficinas públicas, incluidos los ministerios y organismos descentralizados. 


 Octubre 6, 2011. Radio Santa Fe. La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, confirmó para este viernes un paro de 24 horas de funcionarios y empleados estatales en todo el país en protesta por el incumplimiento del presidente Juan Manuel Santos a los compromisos que asumió con el sector sindical a mediados del año, relacionados con el pliego de peticiones que se le presentó a finales del 2010.

También se manifestarán contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que ya se abrió paso en el Congreso de ese país y contra otras políticas económicas y laborales del gobierno, que en su concepto lesionan a los trabajadores.

A la jornada se sumarán los sectores estudiantiles, que protestarán por la reforma a la educación superior.

El presidente de la CUT Tarsicio Mora aseguró que en el cese de actividades participarán 700 mil trabajadores y que en desarrollo del mismo se realizarán manifestaciones simultáneas en las principales ciudades del país.  Mora dijo que el cese de actividades afectará el funcionamiento de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). También afectará a la Contraloría Nacional y Distrital, a la Gobernación de Cundinamarca, a la Superintendencia de Notariado y al Registro y al sector educativo.
 
MOTIVACIONES DEL PARO

Entre las motivaciones del paro, el presidente de la CUT Tarsicio Mora indicó que por un lado, el gobierno no ha dado solución al pliego de peticiones presentado por las centrales obreras el primero de diciembre pasado y por otro lado, el presidente Juan Manuel Santos no ha cumplido los compromisos que asumió en una reunión celebrada en agosto pasado.  Añadió que en ese encuentro el presidente Santos se comprometió a expedir un decreto que iba a ser concertado con el movimiento sindical “para garantizar el cumplimiento de los convenios 151 y 154, que es la negociación colectiva para los sindicatos del sector público”. Mora indicó que dicha norma no ha sido proferida a pesar de que el pasado 25 de mayo el Gobierno y los dignatarios sindicales acordaron un texto para el decreto. 

Los manifestantes marcharán hacia la Plaza de Bolívar, donde a las 10 de la mañana se realizará una concentración.








La segunda medida, supuestamente incumplida por el Ejecutivo, es la erradicación de la “tercerización laboral” y la vinculación directa de todos los trabajadores que cumplan funciones permanentes en las distintas entidades oficiales.  Aseguró que cerca de 120 mil servidores estatales están en una situación “precaria” y además, “el Gobierno no firmó una ley que aprobó el Congreso para garantizar la estabilidad de mujeres y hombres cabeza de familia discapacitados”.
  Mora añadió que tampoco se ha garantizado la estabilidad laboral de los empleados públicos.


miércoles, 5 de octubre de 2011

Alistan proyecto de sentencia sobre ex trabajadores de Telecom


Proyecto de sentencia de unificación será presentado próximamente a la Sala Plena

Bogotá. El pasado 20 de septiembre de 2011 se produjo una comunicación de la Honorable Magistrada María Victoria Calle con referencia a un derecho de petición sobre uno de los expedientes de ex trabajadores de Telecom, en la cual manifestó que “El proyecto de sentencia será presentado próximamente a la Sala Plena para su revisión”. En tal sentido, la funcionaria explicó que “Al momento de dictar sentencia, la Sala Plena estudiará la pertinencia de extender los efectos de la sentencia de unificación a otros procesos en similares condiciones, que no hayan sido seleccionados para revisión.”

Cientos de familias colombianas afectadas con los sucesos del 10 de junio del 2003 que llevaron al cierre de Telecom; llevan varios años clamando justicia ante las autoridades para proteger los trabajadores con derecho a reten social. Así mismo, buscando la protección de las  personas que cumplieron requisitos para los planes de pensión anticipada ofrecidos por los Directivos de Telecom y a los trabajadores con derecho a fuero sindical.


Para más información sobre el proceso de su interés,  por favor ingrese a la página de la Corte Constitucional y con el número de radicación interno, podrá conocer el estado actual del mismo.

 www.corteconstitucional.gov.co   


TIPOLOGÍA DE NUESTRAS SENTENCIAS CONSTITUCIONALES

Según el académico Dr. Hernán Alejandro Olano García, las sentencias o fallos de unificación de jurisprudencia, buscan garantizar los siguientes altos objetivos:
• Asegurar la efectividad de los derechos y colabora así en la realización de la
justicia material —artículo 2° superior—.
• Procurar exactitud.
• Conferir confianza y credibilidad de la sociedad civil en el Estado, a partir del
principio de la buena fe de los jueces —artículo 83 superior—.
• Unificar la interpretación razonable y disminuye la arbitrariedad.
• Permitir estabilidad.
• Otorgar seguridad jurídica materialmente justa.
• Llenar el vacío generado por la ausencia de mecanismos tutelares contra providencias judiciales.

La importancia de las sentencias de unificación


Muchos jueces invocan con frecuencia el inciso 2 del artículo  230 de la Constitución Política para apartarse del contenido de muchos fallos:
“Artículo 230.- Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.
La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial.”

Pero las sentencias de unificación en materia de tutela no son criterio auxiliar sino obligatorio.



Sobre la importancia de las sentencias de unificación sostuvo la Corte Constitucional:

“Con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991 se busca específicamente unificar las sentencias de revisión de tutela de la Corporación.
Ello por cuanto la jurisprudencia de la Corte debe ser universal, coherente y consistente, con el ánimo de realizar el principio de igualdad material (art. 13 de la carta), en virtud del cual se debe conferir igual tratamiento a situaciones similares, así como propiciar un mínimo de certeza en el tráfico jurídico.