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Cry out for justice, families of former employees who suffer the consequences of the Uribe Administration.
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BOGOTÁ
D. C., el día jueves 10 de julio de 2014, a las 2 PM, en la carrera 15 No. 44 –
18, se darán cita centenares de ex trabajadores del sector de las
telecomunicaciones despedidos por el Gobierno Nacional en el marco del Programa de Renovación de la Administración
Pública.
En
esta tercera reunión del año, se efectuará un análisis de la sentencia
su-377/14 del 12 de junio del 2014, mediante la cual la Corte Constitucional
“unificó” (¿?) los criterios de
procedencia de la acción de tutela que deben tener en cuenta los jueces de la
república al resolver sobre el amparo constitucional de derechos fundamentales “supuestamente” (¿?) conculcados en el desenvolvimiento de procesos de liquidación
de entidades pública.
¿Por qué se concedieron tutelas sólo a dos aforados sindicales?
¿Por qué
fueron concedidas sólo siete tutelas a madres y padres de familia, considerados
jefes únicos de hogar y que tenían niños a su cargo?
¿Por qué la Corte Constitucional no
reconoce más de 600 tutelas a ex trabajadores de Telecom que habían sido
concedidas en el plan de pensión
anticipado ofrecido por la empresa vísperas de la liquidación de la entidad en
2003?
El próximo jueves 10 de julio también se reunirán los pre-pensionados de Telecom por la
Sentencia SU 897/12 de la Corte Constitucional, los YA Pensionados por la
Sentencia SU 897/12, Proceso No. 2451880 en la Corte Constitucional (PPA,
RETEN SOCIAL, FUERO SINDICAL).
Hace
once años el ex presidente Álvaro Uribe decidió privatizar todo el sector de
las comunicaciones, Adpostal, Inravision y Telecom, con sus empresas asociadas;
lo cual ocasionó el despido de cerca de 10.000 trabajadores directos y más de 5.000
indirectos.
La
mayoría de esos trabajadores llevaban décadas al servicio del Estado, al ser
despedidos no tenían otra fuente de recursos, su edad no les daba para un nuevo
cargo y estaban especializados en las
funciones del sector pero no fueron capacitados para desempeñar otro oficio.
Por
eso, hoy en día son demasiadas las familias que carecen de atención en salud, no
cuentan con recursos para pagar una vivienda digna o servicios públicos carecen
de recursos para pagar sus servicios o no
cuentan con recursos para pagar la educación de sus hijos.
La Contraloría tiene un presupuesto de 325.000 millones de pesos, la Fiscalía de 1,6 billones de pesos y la Procuraduría de 900.000 millones. Sin embargo, la responsabilidad de la contraloría es permanente, "no es en función de una denuncia", dijo la Contralora. "Eso no es un tema de presentación populista de un ministro, que evidentemente no le interesa fortalecer el control fiscal del Estado y prefiere estos modelos privatistas, (de los) que no he visto resultados positivos", dijo.
