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| Forty thousand fired in search of "Work, work and more work ..." promised by the President |
"Nuestra economía crecerá a niveles del 6%. No queremos volver a la época de los despidos y la falta de inversión. No aumentaremos los impuestos. Promoveremos el emprendimiento acompañando a las nuevas empresas durante sus primeros tres años de existencia y con beneficios tributarios para las que creen empleo": Juan Manuel Santos Calderón.
El pasado 22 de enero de 2014 se reunieron más de cuatro cientos ex trabajadores despedidos por el “Programa de Renovación de la Administración Pública (PRAP): Hacia un Estado Comunitario”, esgrimido en el año 2002 por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. La "transformación" que impuso el gobierno Uribe costó VEINTE BILLONES DE DÓLARES (US$20.000.000.000.000) e implicó suprimir más de CUARENTA MIL (40.000) empleos, según datos de elespectador.com y el tiempo eltiempo.com.
Tras una década de penurias familiares, discriminación laboral. social y económica de todo orden, Miles de familias de Ex-trabajadores de Telecom y Tele-Asociadas, además de 28 entidades en liquidación desde el año 2003 (Inravisión, Adpostal, Min. Comunicaciones, etc.), siguen clamando justicia social, laboral y respeto por los derechos humanos en Colombia.
El Grupo HORMIGUITAS2003 realizó un encuentro por la defensa de los derechos ciudadanos en el centro de Bogotá, el día 22 de Enero de 2.015, en el que se expresaron quejas por el tratamiento negligente de MINTIC y los demás administradores del Patrimonio Autónomo de Remanentes a los derechos reclamados por los Ex-trabajadores de Telecom, Ex-trabajadores de las Tele-asociadas, Prepensionados según Sentencia SU. 897/12 de la Corte Constitucional, y Pensionados según Sentencia SU. 897/12, SENTENCIA SU.377/14 de la Corte Constitucional (RETEN SOCIAL, FUERO SINDICAL). También se conocieron denuncias sobre violaciones al derecho a la vivienda de las familias que en su momento fueron beneficiarias del Fondo de Vivienda de TELECOM.
Así mismo se plantearon inconformidades por varias incoherencias de los autoridades judiciales y constitucionales de Colombia en el tratamiento de los derechos históricos de los trabajadores del sector de las Comunicaciones de este país sur-americano.
